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El derecho a vivir en democracia

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Vincent

La respuesta a las solicitudes de Henrique Capriles, de la MUD y de otros, dada a conocer mediante una simple nota de prensa en días pasados por el TSJ, no debe sorprendernos. El Tribunal consideró alegremente que los argumentos esgrimidos por los recurrentes fueron genéricos e imprecisos y rechazó el planteamiento de que hubo un fraude electoral y masivo que afectaba el sistema electoral venezolano y que por ello el proceso de votación, escrutinio y totalización estaba viciado de nulidad absoluta; una decisión basada en simples consideraciones políticas, por lo tanto justificadamente criticable.El cuestionamiento de las instituciones y de sus actuaciones, en especial del TSJ y su reciente decisión, no puede constituir un delito, en un sistema democrático y de libertades, como tampoco lo pueden ser las criticas que con iguales razones se formulan en contra de otras instituciones sometidas al Ejecutivo, como la Defensoría del Pueblo, ausente en todos los procedimientos que contrarían las políticas del régimen; la Fiscalía Gene ral de la República, que actúa cuando le conviene y de manera sesgada; y la Contraloría General de la República, todavía sin dirección formal, encargada de castigar a los candidatos de la oposición por la vía de la inhabilitación.La decisión del TSJ no es un acto aislado. Ella se une a la vulgar persecución a Richard Mardo, a las grabaciones ilícitas en contra de los dirigentes políticos de la oposición, a las acusaciones en contra de Henry Falcón, al acoso a los medios, especialmente a El Nacional y su director; y ahora, entre muchas otras, al allanamiento del jefe de gabinete de la Gobernación de Miranda, celebrada por diputados psuvistas en medio de un circo barato, lo que reafirma la política de terror que se trata de implantar.Estos hechos en su conjunto reafirman el alejamiento del estado de derecho, el abandono definitivo por el régimen, del sistema, el único espacio en el que se pueden ejercer las libertades y los derechos humanos a plenitud, lo que sin duda trae consecuencias jurídicas y políticas nacionales e internacionales, muy importantes. Las acciones del régimen y sus instituciones chocan abiertamente con el concepto democracia y con el derecho que tenemos los venezolanos a vivir en libertad y con dignidad, esencia misma de la democracia como régimen político en el que se organiza la...

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