No existen protocolos para investigar los casos

En las gavetas del Ministerio Público y de los tribunales reposan miles de denun cias por desapariciones forzadas. Gran parte proviene del interior del país y los victimarios son, de acuerdo con estadísticas oficiales, funcionarios de cuerpos policiales regionales y locales en su mayoría. En junio de 1998 Venezuela ratificó la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, lo que convirtió en ley las disposiciones para enfrentar ese delito cometido por la fuerza pública. El Estado se comprometió a evitar la privación de libertad injustificada a una o más personas cometida por agentes, personas o grupos de personas que actúen con la au torización, el apoyo o la aquiescencia de las autoridades. El delito incluye característi cas como la falta de información o la negativa a reconocer la privación de libertad o a informar sobre el paradero de la persona, explica Liliana Ortega, presidenta de Cofavic, organización creada después del Caracazo de 1989 para defender los derechos de las víctimas de muertes y desapariciones por esos sucesos. Desde hace 23 años, Cofavic trabaja con esos casos. Algunas denuncias sobre desapariciones forzadas ocurridas en Vargas luego del deslave de 1999 llegaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el apoyo de la ONG. Los estados Portuguesa y Falcón son los primeros que recuerda Ortega para ejemplificar la evolución de este delito en los últimos años, pues la comisión del crimen ha estado ligada a ejecuciones extrajudiciales en 2002 y 2003. Entre 2000 y 2007, la Fisca lía recibió 6.405 denuncias de ajusticiamientos o enfrentamientos, con un total de 7.243 víctimas. Esas cifras incluyen desapariciones forzadas porque muchas personas detenidas de manera clandestina terminan asesinadas, aclara Ortega. Hace falta que el Ministerio Público establezca un protocolo de investigación para ese delito, señala Laura Roldán, coordinadora del Programa de Atención a las Víctimas de la organización Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, que atiende casos de excesos policiales: La Fiscalía no sabe qué hacer con las investigaciones por desapariciones forzadas; está en pañales, a diferencia de lo que pasa con un homicidio o un robo. La activista añade lo siguiente: El archivo de los casos se ha convertido en un mecanismo de impunidad contra los derechos humanos. Cuando los fiscales recurren a esa vía, los expedientes quedan congelados a la espera de que surjan nuevos datos que generalmente son aportados por policías o...

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