Gobierno incumple normas de Ley contra la Corrupción

Una recepcionista contestará sin disimular el desconcierto y un guardia de seguridad procurará ayudar con mejor semblante.Cualquiera puede replicar el ejercicio de visitar el Ministerio del Ambiente y disparar dos preguntas después de dar los buenos días: ¿dónde está la oficina de atención al ciudadano? ¿Dónde se puede obtener el informe sobre cómo se han utilizado los fondos en el último trimestre? Será necesario recorrer la sede -en la Torre Sur del Centro Simón Bolívar de El Silencio, en Caracasantes de llegar al piso 29 para oír la primera explicación. Una funcionaria dirá que la unidad para atender al público existe sólo en papel -trabas burocráticas han impedido su constitución formaly que tampoco está disponible el documento sobre el empleo de los recursos.La secuencia anterior no puede leerse sólo como una anécdota de extravío en el cuarto oscuro de la burocracia. Es, en realidad, el retrato del incumplimiento de las disposiciones de la Ley contra la Corrupción por los órganos del Ejecutivo nacional. El instrumento jurídico -que en abril pasado cumplió una décadacontiene un capítulo de 19 normas para prevenir el desvío del dinero público. Una regla crucial está reflejada en el artículo 9, que obliga a los funcionarios a hacer permanente rendición de cuentas a través de oficinas que pongan a disposición de los ciudadanos informes trimestrales de fácil comprensión sobre el uso de los recursos.Basta recorrer los ministerios -26 fueron visitados para este trabajopara confirmar que la mayoría hace caso omiso del artículo.Hay expertos que advierten una contradicción entre el incumplimiento gubernamental de disposiciones de la ley y la intención del presidente Nicolás Maduro de obtener poderes especiales de la Asamblea Nacional para legislar por decreto en la batalla contra la corrupción a la que ha calificado de monstruo de mil cabezas.El Gobierno puede ser mucho más contundente al exigir a sus subordinados no sólo mayor transparencia en la gestión, sino el cumplimiento estricto de las normas ya existentes, dice Mercedes De Freitas, directora de Transparencia Venezuela, que se opone a que el Parlamento apruebe una ley habilitante a favor del jefe del Ejecutivo: Nada impide a los diputados legislar sobre la materia e introducir los cambios.Hay modificaciones que son necesarias.La evidencia de omisiones en la aplicación de la legislación no causa sorpresas. Jesús Montilla, diputado del PSUV y vicepresidente de la Comisión de Contraloría del...

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