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Gobierno no ha acatado ninguno de los 17 fallos de la Corte IDH

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Vincent

La sentencia del 7 se septiembre que ordenó devolver la concesión de RCTV es el dictamen número 15 que el Estado venezolano ha desconocido. La Corte Interamericana de Derechos Humamos ha emitido 17 fallos condenatorios contra Venezuela, de los cuales se han acatado parcialmente solo 2, sobre la masacre de El Amparo y el Caracazo, cuyos hechos, sin embargo, no corresponden a la gestión de este gobierno.Las sentencias de la Corte Interamericana se refieren a vulneraciones del derecho a la vida, la integridad física, el debido proceso y la libertad de expresión, así como a la debilidad del Poder Judicial por la inestabilidad laboral de los jueces.La Corte conoció 19 casos del país y archivó 2: el de Joe Castillo, asesinado en Machiques en 1999, y el de Allan Brewer Carías, que denunció falta de garantías en el proceso en su contra por conspiración en abril de 2002. En el primer caso el tribunal consideró que no existían elementos que evidenciaran una situación de riesgo notable que obligaran al Estado a adoptar medidas de protección, y en el segundo no se agotaron las instancias internas.Héctor Faúndez, especialis ta en derecho internacional de los derechos humanos, señaló que sería ingenuo esperar que Venezuela acate las sentencias, que inciden sobre aproximadamente 280 víctimas, y detenga las violaciones de derechos. Estamos ante un Estado delincuente que puede ser denunciado por la Corte Interamericana ante la Asamblea General de la OEA y pedir sanciones políticas. Venezuela no controla esa Asamblea.Dijo que el procedimiento señala que el tribunal espera un año luego de emitidas las sentencias para que el Estado se pronuncie sobre su cumplimiento.Subrayó que el acatamiento de las sentencias es clave para que se concrete el principio de las garantías de la no repetición de los hechos que lesionan derechos humanos.La investigadora del Ininco Luisa Torrealba recuerda que el irrespeto conlleva el desconocimiento de la carta magna, que en el artículo 23 establece la sujeción a los tratos y pactos sobre derechos humanos.Cuando se afecta a un me dio de comunicación, como ocurrió con RCTV, se vulnera el artículo 58 de la Constitución, según el cual la comunicación es libre y plural. La libertad de expresión no solo atañe a medios y periodistas, sino que también compete a los ciudadanos, que requieren de información para la toma de decisiones cotidianas; debe garantizarse la búsqueda, difusión y recepción de la información, explicó...

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