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Hoy mi finca no vale nada

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Vincent

Rafael Urdaneta, conocido como Rafito en el Sur del Lago de Maracaibo, es el propietario de Villa Olga, una de las 47 fincas intervenidas el año pasado por el Gobierno. Las autoridades le devolvieron la propiedad pero sin el documento que lo haga constar, y aunque las tierras han estado en su familia por tres generaciones dice que no invertirá más. Antes tenía entre 50 y 80 ca bezas de ganado, hoy posee entre 30 y 40. No puedo alquilar, vender ni nada sin los papeles. Existe mucha inseguridad jurídica y hoy mi finca no vale nada, afirma. Otro productor también cuenta su historia, pero a diferencia de Urdaneta lo hace anónimamente por miedo a represalias. Del 17 de diciembre de 2010 recuerda que, mucho más allá de un rescate de tierras como lo denominó el sector oficial, en su caso hubo una invasión cívico-militar. A un año de la toma aún siguen los militares en la puerta de la finca. Hace un mes lo visitaron funcionarios del Instituto Nacional de Tierras, Ministerio del Trabajo y del Inpsasel, entre otros organismos, y durante la inspección hicieron hincapié en la aplicación de normas que no se ajustan a las actividades agrícolas. Nos preguntaron por qué no teníamos personas con discapacidad. ¿Cómo trabajan personas con impedimentos físicos en el campo? Al parecer lo que buscan es que la gente incumpla los requerimientos para después colocarles multas impagables con el propósito de reducir el costo del avalúo o sencillamente lograr el objetivo final, que es la desocupación, dice. Otros requerimientos exigidos por las autoridades, como el pago de bonos de alimentación de años anteriores a los trabajadores y la sustitución de techos de zinc por platabanda, requieren de inversiones millonarias, pero muchos productores de la zona no tienen los recursos pa ra cumplirlos. Los bancos, por su condición de intervenidos, les niegan los créditos. En la finca El Peonio, propie dad de Jesús Chucho Melean, un hombre de 95 años de edad, que pese a la presión oficial se resistió a abandonar sus 2.680 hectáreas de tierra, las actividades agropecuarias continúan. Incluso la inversión se mantiene, pero han registra do pérdidas por las lluvias y la desmotivación por las tomas de tierras. Cesar Fernández, abogado de la familia, explica que hace cuatro meses se reunieron en Caracas con el ministro de Agricultura y Tierras, Juan Carlos Loyo, para llegar a un convenimiento, pero hasta ahora no han obtenido respuesta. El señor Chucho tiene 70 años trabajando en la...

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