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Matar al mensajero

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Vincent

Dieciséis mil setenta y dos. Ese es el número de personas que en 2012 perdieron la vida en Venezuela a manos de criminales, según las autoridades, cifra que se traduce en una tasa de 56 homicidios por cada 100.000 habitantes, la segunda más alta del mundo.Este penoso sitial desagrada a los gobernantes que durante la gestión de Hugo Chávez intentaron sacar el tema de la agenda, dejando de suministrar cifras oficiales sobre la violencia y acusando a quienes hacían referencia al asunto, con datos extraoficiales, de magnificar el problema ante la opinión pública. Ahora han optado por otra estrategia: castigar a quienes obtienen información por otras vías y la publican.Esto fue lo que le ocurrió al diario El Nacional , que a principios de este mes fue condenado por un Tribunal de Niños y Adolescentes a pagar una multa equivalente a 1% de sus ventas brutas por la publicación de una foto de la morgue de Bello Monte, y se le prohibió difundir imágenes de contenido violento, donde aparezcan armas, agresiones físicas, sangrientas y cadáveres desnudos, con el argumento de que ello violaba su derecho a un desarrollo sano.El congelamiento de los bie nes de su presidente editor, Miguel Henrique Otero, es el último eslabón de esa escalada de ataques, que se suma a la estrategia de ir capturando, por vía de la adquisición sin límites, todo medio de comunicación grande o pequeño que desafíe las políticas del régimen.El Grupo de Diarios de Amé rica GDA ha realizado una serie informes sobre la realidad que vive la prensa libre de Venezuela, que se une a proyectos similares para denunciar lo que también ocurre en Argentina, Bolivia y Ecuador, este último caracterizado por una férrea persecución a medios y periodistas, a tal punto que el presidente Rafael Correa amenazó con convocar a una consulta popular tendiente a eliminar la circulación de periódicos so pretexto de contribuir con el medio ambiente.En cualquier lugar del mun do una foto como la publicada por El Nacional habría causado la destitución del ministro del Interior o del jefe de la policía, habría motivado que se pidieran recursos para mejorar esas instalaciones o que se abriera otra, pero en Venezuela no, allí la solución es castigar a quien expuso la situación. Es decir, se mata al mensajero, no el mensaje, señala Mercedes de Freitas, directora de Transparencia Venezuela.Aunque el caso de El Nacio nal no es el primero, pues en diciembre dos diarios regionales: El Luchador y El Progreso sufrieron...

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