Provea: Ahora intentan criminalizar denuncia

Marino Alvarado, coordinador de Provea, considera que las acciones emprendidas por el Ministerio Público para restringir la difusión de informaciones sobre la contaminación del agua es una evidencia adicional de la intolerancia gubernamental frente a la crítica. Veníamos afrontando una sistemática criminalización de la protesta; ahora intentan criminalizar la denuncia, afirmó. A instancia de la fiscal gene ral de la República, Luisa Ortega Díaz, el 21 de marzo el Tribunal 25 de Control de Caracas exigió a los medios de comunicación social fundamentar las noticias sobre la contaminación del agua en informes técnicos. El propósito, ha explicado la funcionaria, es detener una supuesta campaña mediática que ha causado alarma en la población y que podría constituir delito. Nada impide que un ciu dadano exprese su inquietud cuando recibe agua turbia o maloliente. Al Estado le corresponde realizar las evaluaciones científicas para verificar los señalamientos, informar oportunamente sobre los resultados y tomar las medidas preventivas y correctivas, insistió Alvarado. Lamenta que el debate públi co sobre la contaminación del agua se haya entrampado en la polarización política que divide al país. Por ello, sugirió que se solicite la intervención de autoridades internacionales como la Organización Panamericana de la Salud a efectos de que hagan las evaluaciones técnicas y ofrezcan resultados convincentes. Hitcher y la ley. El ministro del Ambiente, Alejandro Hitcher, en una entrevista publicada en el diario Últimas Noticias en la edición del 22 de marzo, aseguró que la ley prohíbe publicar los resultados de las mediciones de la potabilidad del agua para consumo humano. Aunque no precisó las nor mas que fundamentan la supuesta prohibición, no hay dudas de que La Ley de Aguas establece una...

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