Sentencias inconstitucionales

Durante las últimas semanas hemos visto reiteradas manifestaciones de bloqueo por parte del Tribunal Supremo de Justicia a cualquier decisión de la Asamblea Nacional que, a juicio del oficialismo, afecte o choque con los intereses del gobierno. Tal fue el caso de la anulación arbitraria de la elección de los diputados de Amazonas, o la invalidación de varias leyes aprobadas por el nuevo Parlamento, por considerarlas inconstitucionales. El más reciente ejemplo es la sentencia de la Sala Constitucional que echó por tierra la nueva Ley del BCV, sancionada el 3 de marzo, la cual pretendía reformar el absurdo y disparatado decreto N° 2179 de reforma parcial de la ley del instituto emisor, dictado por el presidente Nicolás Maduro el último día de vigencia de la más reciente Ley Habilitante.Al analizar dicha sentencia se asombra uno por lo banal y poco sólida que es. Así, en la nueva ley, al igual que en la que estuvo vigente hasta hace poco, se establecía que la decisión de remover a cualquier miembro del Directorio la tomaría la Asamblea Nacional con el voto de las dos terceras partes de los integrantes presentes de ese cuerpo, después de cumplirse un procedimiento debidamente sustentado que justificara aquella remoción. Esa norma pretendía sustituir otra contenida en el decreto de diciembre de 2015, según la cual quien to ma la decisión de remoción es el presidente de la República.En la sentencia del TSJ se argumenta que la remoción por parte del Parlamento podría afectar la autonomía del instituto emisor ya que, al no ser el órgano competente constitucionalmente para hacer las designaciones, tampoco puede remover a los mencionados funcionarios. Ese punto, sin embargo, no tiene mayor sustento, ya que la autonomía del BCV está mucho más amenazada si es el presidente de la República quien tiene la potestad de remover a cualquier director, en vez de un cuerpo colegiado y plural como la Asamblea Nacional.Dice la sentencia del TSJ que resulta evidente que lo que se pretende con la nueva ley aprobada por la Asamblea Nacional es asegurar, por parte de la mayoría del Parlamento, el control político del BCV lo cual riñe con los preceptos de la Constitución. En consecuencia, rechaza la ley...

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