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TSJ busca destituir alcaldes y repetir elecciones donde no ganó el PSUV

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Vincent

Siete alcaldes de oposición, con nombre y apellido, están en la mira del Tribunal Supremo de Justicia desde el 12 de marzo, dos de los cuales ya se encuentran presos: Enzo Scarano San Diego, Carabobo y Daniel Ceballos San Cristóbal, Táchira. En la lista figuran Gerardo Blyde Baruta, David Smolansky El Hatillo, Ramón Muchacho Chacao, Eveling Trejo Maracaibo, Zulia y Gustavo Marcano Diego Bautista Urbaneja, Anzoátegui.Los referidos alcaldes, el ex magistrado José Peña Solís y el abogado constitucionalista José Vicente Haro consideran que el TSJ no solo está actuando en contra de las autoridades locales, sino que los magistrados, mediante decisiones políticas, también están yendo contra la autonomía del poder municipal y de los electores que votaron por estas personas el 8 de diciembre del año pasado, para que gobernaran por los próximos cuatro años.El Poder Judicial está sien do utilizado por el gobierno para dictar fallos que impidan que los alcaldes de oposición se mantengan en las alcaldías. Están desconociendo la voluntad electoral y removiendo a funcionarios elegidos popularmente como si fuesen de libre nombramiento y remoción. Este manejo del Poder Judicial responde a un objetivo político: generar una crisis institucional municipal para que haya elecciones que el gobierno tratará de capitalizar, explicó Haro.El ex magistrado de la Sala Electoral del TSJ considera que el máximo tribunal de la República se burló de los electores. El derecho constitucional al sufragio fue burlado. ¿Cómo quedó la elección del 8 de diciembre? Anulada por siete magistrados. La única forma de remover a un alcalde es mediante referéndum. Además, es sospechoso que el CNE ya esté hablando de elecciones. Esto parece orquestado, dijo.Las decisiones. Después de un mes de protestas en todo el país, el TSJ ordenó a los mencionados alcaldes impedir que los manifestantes obstaculicen el libre tránsito, a pesar de que las policías municipales no tienen atribución para el control del orden público.Las primeras decisiones fue ron tomadas el 12 de marzo.Ese mismo día la Sala Constitucional dictó un amparo cautelar contra los alcaldes Blyde Baruta y Smolansky El Hati llo, y otro contra Scarano, entonces alcalde de San Diego. En ambas decisiones se ordenó garantizar que las vías públicas no fuesen obstaculizadas.Cinco días después, el 17 de marzo, esa misma sala dictó una decisión idéntica contra los alcaldes Muchacho, Ceballos, Marcano y Trejo.El 19 de marzo Scarano fue...

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